Este artículo se basa, en gran parte, en el capítulo del actual Secretario de Educación y Cultura de Sonora, Jorge Luis Ibarra Mendívil, “Cananea: Resistencias Regionales a la Política de Modernización” que aparece en el libro Negociación y Conflicto Laboral en México. De cualquier manera, las conclusiones son mías.
Ya vimos cómo desde la década de 1960 crecía la involucración de instancias superiores en el control del mineral de Cananea, que para 1988 se había convertido en la primera productora nacional de cobre, 123 mil toneladas frente a las 121 mil que producía su más cercana rival, Nacozari-La Caridad, empresa privada de Mexicana del Cobre. Los contendientes para controlarla eran el Estado Mexicano y la iniciativa privada, nacional y extranjera.
El proceso por el que pasó Cananea entonces se puede comprender reconstruyendo los pasos de lo sucedido. En 1971, Anaconda, dueña estadounidense de Cananea, vendía un interés controlador en la mina al banco de desarrollo del Gobierno de México, Nacional Financiera, y desde entonces NAFINSA invirtió en Cananea más de mil millones de dólares, inversión que aceleró su capacidad de producción. Si bien entre 1973 y 1979 había producido apenas 46,610 toneladas anuales, para 1988, como vimos al inicio de este artículo esta producción se triplicó. Además, como resultado del incremento en su capacidad productora, dejó de tener pérdidas desde 1987 y un año después alcanzó ganancias por 170 mil millones de pesos. Para entonces producía casi el 50% del cobre del país, además de aportar alrededor de la tercera parte del PIB de la minería en Sonora, o entre el 7 y 9% del total del PIB del Estado.
Recuerdo un viaje de estudios que tuvimos los entonces estudiantes de Ingeniería al mineral, y a un ingeniero que nos describía, orgulloso, los logros alcanzados hasta entonces. La productividad per cápita se había incrementado durante los ocho años desde la mexicanización de la compañía a pesar del mayor número de empleados. Si en 1979 había 1,700 mineros, para 1988 éstos eran el doble, aunque con una capacidad per cápita de producción de 33 toneladas por minero, frente a la que había tenido en 1979 de 25 toneladas.
Pero aún no visibles para el común de la gente como nosotros, estudiantes, las nubes de una tormenta se avecinaban sobre el mineral. En primer lugar, el financiamiento necesario para la triplicación de la producción de cobre estaba basado en adeudos, de los que los de pago inmediato representaban alrededor del 30% del total, además de que el 70% de éste era con NAFINSA misma. En otras palabras, la deuda no era un problema de solución urgente.
Por otro lado, la situación económica de la mina había mejorado considerablemente durante los últimos años antes de ese 1989: sus activos habían crecido en alrededor del 30%, a la par que los pasivos habían caído en 49%, con el resultado de que los activos eran casi el doble de los pasivos: 3.3 billones de pesos contra 1.7 billones. A ello se le debe agregar que el capital contable había crecido en un 1,000%, mientras que las ventas habían crecido en 300%.
Sin embargo, el proceso de privatización empresarial respondía a la receta “desarrollista” del momento, y el gobierno había pasado ya por varios intentos fallidos de vender la mina a la iniciativa privada detrás de quien había intereses económicos extranjeros, situación que no les preocupó a los mineros, ya que “con cualquier dueño, sus conquistas continuarían estando protegidas por el contrato colectivo.” Así, en mayo de 1989, el sindicato solicitaba la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo y lanzaba un emplazamiento a huelga que vencía el 28 de agosto.
Esa petición definió y aceleró la respuesta del gobierno: era necesario partir de cero, con nuevos dueños y sin contrato colectivo. El 20 de agosto de 1989, la compañía declaró el cierre de operaciones “por motivos estrictamente financieros” y un día después en un comunicado público agregaba que “el estado de insuficiencia financiera para enfrentar sus cuantiosos compromisos de pago ya vencidos, así como las críticas condiciones de la empresa y la imposibilidad de acceder a las peticiones laborales para la firma del Contrato Colectivo 1989-1991, la empresa se ve obligada a solicitar su declaración de quiebra ante un Juzgado de lo Concursal en el Distrito Federal.”
Ese domingo, las instalaciones de la mina, todo el pueblo de Cananea, fueron tomados por una fuerza armada de 4,000 efectivos del ejército mexicano; sin medir las consecuencias, el Estado se aprovechaba de las instituciones diseñadas para proteger a la nación. Mientras, los principales diarios de Sonora y Arizona, EL IMPARCIAL, y el ARIZONA DAILY STAR apoyaban a los mineros, y empezaron a llegar personajes a Cananea: el Gobernador de Sonora Rodolfo Félix Valdés, el Obispo de Hermosillo Carlos Quintero Arce, así como, entre otros, Cuauhtémoc Cárdenas (del recién fundado PRD) y Luis Donaldo Colosio Murrieta (del PRI), todos a mostrarle su apoyo a los mineros desalojados. Un día después de la llegada de Colosio el ejército dejaba las instalaciones de Cananea, aunque bajo la advertencia presidencial de: “no dar marcha atrás.”
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