En el anterior artículo de esta serie vimos cómo en agosto de 1989 se declaró la quiebra de la mina en Cananea, y el procedimiento que se siguió el día 20 de ese mes para imponer esa medida sobre los cananenses, todo bajo la advertencia presidencial de “no dar marcha atrás.” Eso respondía a un proceso de privatización y “modernización administrativa” de empresas que, desde 1982, había producido el despido de más de 50 mil empleados de la industria minera de México, además de otras similares, como en la Compañía Real del Monte y Pachuca, la Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril, la Fundidora de Monterrey o Altos Hornos de México, aunado todo al cierre de unas 71 empresas mineras en el país. Era una crisis general en la industria pesada del país que, en Sonora, ya había llevado a varios intentos, fallidos, de vender la mina de Cananea, tema sobre el que me extiendo más adelante.
Sin embargo, ocurrió entonces que la presión social por el camino que se había seguido para declarar la quiebra en Cananea no se dejó de sentir, y tuvo consecuencias en las respuestas de todos los actores en ese drama. En primer lugar, el gobierno federal tuvo que atemperar sus intenciones intentando comprar tiempo a través del enredo de la situación, mientras que el sindicato de la compañía minera también fue afectado por lo sucedido. Por ejemplo, en las siguientes elecciones sindicales sólo votó el 40% del personal sindicalizado (unos 850 mineros), y el resultado fue que la diferencia entre el grupo ganador, que encabezaba Armando Martínez y el perdedor, de Oscar Sáinz Cota, fue de sólo 63 votos. No se sabe si tuvo influencia en estas elecciones el levantamiento de actas de investigación por parte de Consejo Nacional de Vigilancia del Sindicato contra Sáinz Cota, acusándolo de malversación de 6 millones de pesos, acusación que posteriormente sería desistida por falta de pruebas.
Ahora bien, cuando tocamos los temas de a quién se le vendió la mina y a qué precio, en primer lugar resulta que había una oposición generalizada, dentro del sindicato mismo así como de otros posibles compradores como la compañía Ingenieros Civiles Asociados (ICA), de que el mismo grupo que era ya dueño de Nacozari fuera el que se hiciera de la mina de Cananea. La principal razón detrás de ello era evitar el monopolio en el manejo del cobre, que entonces se manejaba como metal estratégico para el desarrollo de México.
Sin embargo, la petición que trataba del grupo comprador fue desechada días antes de la venta, ya que “daría lugar a procedimientos que por ley, requerirían de un largo plazo para su conclusión… prolongando la incertidumbre de todo el personal de CMC y de la comunidad cananense” por lo que se le otorgó la mina al grupo Industrial Minera Mexico, que encabezaba Jorge Larrea, grupo que era dueño de Nacozari, y así fue cómo se constituyó ese monopolio.
Además, en cuanto al precio de venta de la mina de Cananea, el valor en el que el gobierno federal aceptó la venta fue de 475 millones de dólares, cantidad que era la mitad de lo que había ofrecido el grupo PROTEXA en 1988, o la mitad de lo que había invertido NAFINSA en la modernización de sus instalaciones. Eso sin considerar que NAFINSA mismo a principios de 1989 había cotizado la mina en 2,000 millones de dólares.
Por otro lado, las operaciones realizadas posteriormente dieron mucho que decir. Por ejemplo, la liquidación de todo el personal de confianza y su recontratación posterior bajo condiciones diferentes a las que habían gozado, a pesar de que el acuerdo de octubre de 1989 permitía únicamente “liquidar al 30% del personal de la planta no sindicalizado.”
Ahora bien, encaminada a dar una apariencia de diversificación económica, y acompañando a la venta de la mina, el gobierno federal invirtió en varias acciones encaminadas hacia la diversificación económica del poblado de Cananea, tales como la ampliación de la Zona Libre para que incluyera a Cananea, o el establecimiento de un parque industrial en la ciudad. Sin embargo, después de años de haberse establecido estas medidas de aliento económico para Cananea, aún hoy no se les ve un resultado positivo. La Zona Libre ha influenciado en menor grado la vida del mineral, mientras que el parque industrial languidece a un lado de la carretera que une al mineral con Imuris.
Debido a todo ello, Jorge Luis Ibarra Mendívil, actual Secretario de Educación y Cultura de Sonora, sostenía proféticamente en su análisis de finales de los 90, “Cananea: Resistencias Regionales a la Política de Modernización” artículo que ya cité en mi artículo anterior, que
“el caso Cananea no está aún cerrado. En efecto, los impactos de la reconversión industrial apenas están por verse. La necesaria modernización (o clausura) del departamento de fundición… es un proceso que afectará sin duda a un considerable número de obreros. Lo mismo sucederá con la anunciada ampliación de las actividades en las plantas ESDE que emplean poca mano de obra y que son denominadas la tecnología del futuro.”
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